Juan Carlos I, quien fuera Rey de España entre 1975 y 2014, ha visto cómo su imagen pública ha caído en picado debido a diversas acusaciones y revelaciones de actos ilícitos. A lo largo de los últimos años, ha emergido un cúmulo de pruebas y testimonios que lo pintan no como un líder honorable, sino como un delincuente que utilizó su posición de poder para beneficio personal. Estos escándalos han generado un debate en España sobre la conveniencia de mantener su nombre en calles y plazas públicas, y la respuesta debería ser clara: es hora de retirar el nombre de Juan Carlos I de los espacios públicos.
Los delitos que se le atribuyen al rey emérito no son menores. En primer lugar, está el caso de la fortuna oculta en Suiza, la cual presuntamente alcanzaría los 65 millones de euros. Este dinero provendría de comisiones ilegales obtenidas en negocios turbios, como la intermediación en la construcción del AVE a La Meca, una obra monumental que involucró a empresas españolas y el gobierno saudí. La implicación de Juan Carlos I en este tipo de operaciones no solo es ilegal, sino profundamente inmoral, ya que utilizó su influencia como jefe de Estado para obtener beneficios privados.
Además, Juan Carlos I ha sido investigado por el presunto uso de tarjetas de crédito opacas, financiadas con dinero de origen desconocido. Estos fondos, no declarados al fisco español, se emplearon en gastos lujosos, desde viajes exóticos hasta joyas caras. Estos hechos se suman a un patrón de comportamiento en el que el monarca emérito se valió de su estatus y del dinero de los contribuyentes para financiar una vida de excesos, mientras millones de españoles sufrían los efectos de la crisis económica.
La impunidad de la que ha gozado Juan Carlos I durante décadas es otro factor que agrava su responsabilidad. Durante su reinado, y gracias a la Constitución de 1978, gozó de una inviolabilidad legal que le permitió actuar sin rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, tras su abdicación en 2014, su inmunidad se desvaneció, y aunque las investigaciones han avanzado, todavía no ha habido un juicio concluyente que lo condene. No obstante, la magnitud de las evidencias en su contra y el daño que ha causado a la imagen de la monarquía y del Estado español son innegables.
Por estas razones, mantener el nombre de Juan Carlos I en calles y plazas públicas no solo es inapropiado, sino ofensivo para una sociedad que valora la justicia y la ética en sus líderes. Continuar honrando a un hombre que ha traicionado la confianza del pueblo español envía un mensaje equivocado, sugiriendo que el poder y la riqueza pueden colocarse por encima de la ley.
Es momento de corregir esta injusticia simbólica. Al retirar el nombre de Juan Carlos I de nuestros espacios públicos, España daría un paso firme hacia la reafirmación de sus valores democráticos, dejando claro que incluso aquellos que han ostentado las más altas posiciones deben responder por sus actos. Este cambio no solo sería un acto de justicia histórica, sino también una afirmación de los principios que deben regir nuestra sociedad.
Imagen de portada: De Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ad93d70c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73827034
